El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, decidió modificar o derogar mediante un megadecreto más de 300 leyes y normas, en lo que constituye un proyecto tan ambicioso como polémico para intentar desregular la segunda economía de Sudamérica.
La historia argentina no registra un cambio tan drástico y vasto como el que pretende imponer Milei con su “motosierra”, convertida en símbolo de la determinación a desguazar el Estado argentino, sus regulaciones y feudos, mediante enormes recortes al gasto público.
No había sucedido en los gobiernos democráticos de cualquier color político, ni tampoco en dictaduras que asolaron a Argentina, país rico en recursos naturales y gran exportador de alimentos, hoy sumido en una crisis de inflación mayor al 160% interanual y una insatisfacción social generalizada entre sus 46 millones de habitantes.
– ¿Qué cambia en la vida cotidiana? –
Diez días después de asumir la presidencia, en vísperas de las fiestas de Navidad y con el Congreso en receso, Milei presentó al país su Decreto de Necesidad y Urgencia, con 366 artículos.
Este deroga la ley de alquileres, con lo que queda liberada por completo la relación entre propietario e inquilino, sin plazos, sin límites en los aumentos e incluso permite pagos en cualquier moneda, lo que el propio Milei reconoció como una “pre-dolarización” de la economía.
Se elimina la ley de abastecimiento que intentaba impedir la especulación de los grandes proveedores de alimentos, justo cuando los precios de artículos de primera necesidad están fuera de control.
Se derogan normas de protección a los trabajadores: aumentan de tres a ocho meses los períodos de prueba. Se modifican a favor de las empresas los regímenes de indemnizaciones por despido sin causa y quedarán suprimidos los convenios laborales en vigor desde 1975 para discutir nuevas disposiciones.
La “motosierra” de Milei también entra al negocio del fútbol con la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, pese a que la reciente asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reafirmó el régimen de sociedades civiles sin fines de lucro, con el voto de más de un millar de entidades y sólo una disidencia.
