Llegó recargada y aquí la puede leer completa. Tiene 92 artículos, desde 76 que había en el texto que fue hundido en el primer semestre en el Congreso de la República. Estas son las novedades.
Con algunos ajuestes, pero conservando el esqueleto inicial, la reforma laboral fue radicada de nuevo por el gobierno de Gustavo Petro, para que inicie otra vez el trámite en el Congreso de la República, luego de haber sido hundida en la pasada legislatura.
De 76 artículos que tenía el proyecto original, ahora se pasa a 92, según el texto conocido por SEMANA. De esa manera, no fueron 12 artículos nuevos más, como lo había anticipado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sino 16.
Tres novedades importantes, solo haciendo la revisión inicial, se develan en el nuevo texto. Por un lado, no hay alusión a la presunción de laboralidad de los trabajadores de plataformas, como si estaba en el proyecto de ley anterior, por lo cual, la congresista que fungió como coordinadora ponente en la pasada legislatura, María Fernanda Carrascal, dijo que “Sigue la deuda con estos empleados”.
Igualmente, se incluyen claridades acerca de la forma en que los empleadores deben cotizar a la seguridad social por los empleados cuando estos tienen varios contratos laborales. Esta última medida estaría en la ruta de impulsar la informalidad laboral, que es uno de los problemas del mercado laboral, que no se atacaba en la primera propuesta del gobierno.
Así mismo, se menciona un contrato laboral especial para el que trabaja en sitios como centrales de abastos y puertos, que solo requieren dedicar al trabajo un tiempo parcial.
El proyecto de ley laboral es una de las apuestas reformistas del gobierno de Gustavo Petro. En la primera mitad del año, el contenido del documento había generado polémica, porque no se promovía la generación de empleo, sino que se hacía una reivindicación a los derechos sindicales, según las críticas hechas por el Consejo Gremial, que agrupa a 32 gremios económicos de los sectores que generan el empleo en el sector privado.
A ello se le sumaron los cálculos realizados por varios analistas, pero en particular, el de un estudio del Banco de la República, según los cuales, con las propuestas incluidas, se conduciría a un recorte de al menos 450.000 empleos.
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