Desde el pasado agosto Angela Gutierrez se ha dedicado a uno de sus pasatiempos más queridos: restaurar joyería rota que compra por algunos dólares en en los mercados de pulgas más cercanos a su hogar, en el este de Los Ángeles.
Bajo la sombra de un árbol del parque Belvedere, la inmigrante de Puebla, México, se concentra en ensartar piedra tras piedra en un hilo de nylon para crear algunas pulseras de un collar roto que adquirió en un dólar.
Aunque ella disfruta su pasatiempos, la madre de dos menores de edad se ha visto forzada a vender sus creaciones en la calle desde hace dos meses, para poder cubrir la renta de 1,500 dólares de su apartamento de una recamara más los gastos de la comida.
Gutierrez, de 48 años, se quedó sin empleo como mesera a principios de agosto, cuando se enfermó de pulmonía y tuvo que descansar casi tres semanas. Al regresar a su trabajo, ella ya tenía un reemplazo. Las únicas palabras que escuchó de su jefe fueron: “Lo siento mucho. Si hay otra vacante te avisaremos.
Si Gutierrez no encuentra empleo en los próximos dos meses, ella y sus dos hijos, Manuel, 11, y Gabriel, 12, podrían quedar en la indigencia. Gutierrez no es elegible para solicitar beneficios de desempleo, porque no tener documentos legales en este país, y para cubrir sus gastos actuales ella ha empezado a gastar sus ahorros.
“A veces me siento muy sola porque en este país no tengo familia y no tengo a quien pedirle ayuda”, dijo la inmigrante que lleva 15 años viviendo en el condado de Los Ángeles. “Saber que puedo quedar en la calle con mis hijos me aterra”.
Pero el caso de esta madre inmigrante al borde de la indigencia solamente por quedarse sin empleo no es el único en este estado, dicen activistas de The Safety Net for All Coalition, que actualmente empuja un movimiento por los beneficios de desempleo para los trabajadores excluidos del seguro de desempleo en California a través de marchas organizadas, protestas y visitas a Washington, D.C. para abogar ante los políticos representantes del estado y federales por más beneficios para los trabajadores sin documentos.
Según la coalición compuesta por más de 120 organizaciones pro inmigrantes dentro del estado, más de un millón de trabajadores migrantes en California — que equivale al 6% de la fuerza laboral total del estado — carecen de documentos legales, y por lo tanto no son elegibles para recibir beneficios de seguro de desempleo.
Berseba Porcayo, líder organizadora del Warehouse Worker Resource Center (WWRC), una organización no lucrativa que aboga por los derechos del sector laboral migrante y que forma parte de The Safety Net for all Coalition, dijo que, por ejemplo, en la organización para la cual es voluntaria, el 70% de sus miembros que trabajan en almacenes no tienen documentos y alguna vez han enfrentado el desempleo temporal.
“Los afectados incluyen madres de familia, personas enfermas y mayores de edad que terminan en problemas financieros, porque son descansados temporalmente o despedidos sin los beneficios que se merecen por el trabajo que han hecho y por el cual han pagado impuestos”, dijo Porcayo.
“Mucha gente no lo sabe pero en el trabajo de almacén siempre hay gente que se queda sin empleo, ya sea porque sufren lastimaduras por cargar mal, por accidentes o porque los contratos son temporales, especialmente en épocas festivas”, dijo Porcayo.
El movimiento de The Safety Net for all Coalition se lanzó en enero del 2023 para abogar por la aprobación del proyecto de ley The Safety Net for All Workers Act (Ley de Red de Seguridad para todos los Trabajadores) o SB-227, de la senadora María Elena Durazo(D-26), y los coautores asambleístas Miguel Santiago (D-54) y Wendy Carrillo (D-52).
El proyecto de ley, también introducido en enero, creará un programa que proporcione beneficios de desempleo a los trabajadores excluidos del seguro de desempleo tradicional únicamente debido a su estatus migratorio al proporcionarle a los inmigrantes $300 por semana durante un máximo de 20 semanas con fondos de las arcas estatales, y le prohibiría al Departamento de Desarrollo del Empleo preguntar sobre el estado migratorio de un solicitante o conservar registros más allá del plazo requerido para la duración de los pagos de beneficios.
De acuerdo con la asambleísta Carrillo, el proyecto de ley abordaría una exclusión racista de larga data que ha tenido un impacto económico devastador en las comunidades de inmigrantes.
“Sabemos que los beneficios de desempleo son una parte clave de la estabilidad económica, por lo que impedir que nuestros trabajadores inmigrantes indocumentados accedan a nuestra red de seguridad por temor a que invite a más inmigrantes indocumentados a nuestro país solo perpetúa una desigualdad sistémica que es incorrecta, especialmente cuando sabemos otros estados lo han abordado con éxito proporcionando beneficios de desempleo a los trabajadores inmigrantes excluidos”, dijo Carrillo, en una entrevista con el Los Ángeles Times en Español.
Reseñado por latimes
